Educación: contundente Manifiesto de los Inspectores de Psicología de toda la Provincia

Las/os Inspectoras/es de la Modalidad de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social abajo firmantes expresamos nuestro más absoluto repudio y rechazo al proyecto de ley que “La Libertad Avanza” presentó bajo el nombre de “Libertad Educativa”.

Este proyecto de ley disfraza los intereses económicos del capital financiero concentrado, verdaderos artífices de sus objetivos, y constituye un intento de retroceso que busca desmantelar décadas de conquistas sociales, pedagógicas y laborales en la Argentina. No estamos frente a una reforma educativa: estamos ante un ataque directo al derecho social y democrático a la educación, al trabajo docente y al sentido mismo de la escuela pública como espacio de igualdad, inclusión y justicia social.

Bajo el discurso engañoso de la “libertad de elección”, se oculta un propósito claro: mercantilizar la educación y desplazar al Estado de su rol indelegable como garante del derecho a la educación.

El principio de “subsidiariedad del Estado que impulsa el proyecto, en reemplazo del rol de garante consagrado en la Ley de Educación Nacional, combinado con la equiparación financiera entre escuelas públicas y privadas, constituye un verdadero modelo de vouchers, que desviará fondos públicos hacia instituciones privadas, confesionales o empresariales, debilitando aún más a las escuelas de gestión estatal.

Este proyecto rompe el piso común de derechos y traslada al ámbito individual un problema que es social y responsabilidad del Estado. Como señala Carlos Skliar, necesitamos “una educación que involucre a todos los sectores sociales”, no una pantalla para que una minoría se enriquezca mientras la mayoría está empobrecida y desinformada.

Rechazamos la introducción del homeschooling, la educación virtual o “híbrida” sin regulación discutida por los docentes, y otras “formas alternativas” que sólo buscan fragmentar y debilitar el sistema educativo.

Tales propuestas avalan políticas de exclusión social, profundizan desigualdades y vulneran los derechos humanos consagrados por la Convención Internacional de los Derechos del Niño, la Ley 26.061 y demás tratados incorporados a la Constitución Nacional desde la reforma de 1994.

Asimismo, alertamos que la falsa “libertad de elección” es, en realidad, un mecanismo para convertir a las escuelas públicas en opciones de descarte y abrir un mercado para Escuelas-Empresa, dirigidas por privados que, por su capacidad económica, definirán contenidos, incluso religiosos, sin garantizar igualdad, laicidad ni respeto por la diversidad

Este modelo podría incluso avalar prácticas discriminatorias por género, etnia, condición social u otras desigualdades históricas.

Denunciamos el intento de disciplinamiento y precarización del trabajo docente mediante evaluaciones punitivas, concursos por escuela y debilitamiento de los estatutos. Estas medidas buscan romper la organización colectiva, someter la tarea de enseñar a criterios empresariales y desplazar la voz pedagógica de quienes sostenemos día a día la escuela pública.

El proyecto, además, avanza contra derechos democráticos elementales al declarar la educación como “servicio esencial”, lo que constituye un ataque directo al derecho a huelga, a la acción sindical y a toda forma de organización colectiva que sostenga la justicia social.

Este proyecto no es neutro ni técnico, es profundamente ideológico. Su ideología es la del ajuste, la privatización, el individualismo y la ruptura del lazo social. Concibe la educación como un mercado, no como un derecho; reproduce circuitos diferenciados y consolida desigualdades estructurales.

Como inspectoras/es de la Modalidad de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social afirmamos con absoluta claridad: La educación pública no se vende. La educación pública se defiende.

Ratificamos nuestro compromiso de seguir construyendo, en cada escuela y en cada territorio, un proyecto educativo democrático, popular y emancipador, que garantice igualdad real para todas y todos, y que coloque en el centro a las y los estudiantes, a sus familias y a la comunidad.

Sostenemos, como afirma la Ley 26.206 en su Capítulo II, que la política educativa nacional debe asegurar una educación de calidad con igualdad de oportunidades, sin desequilibrios regionales ni inequidades sociales. Este principio sería gravemente vulnerado si se aprobara el proyecto “Libertad Educativa”, que reproduce un modelo elitista, previo al siglo XIX, cuando sólo quienes tenían recursos accedían a la educación letrada.

La educación no puede volver a ser un privilegio.

Por todo lo expuesto, convocamos a toda la docencia, a las organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles y políticas a rechazar este retroceso y a movilizar colectivamente en defensa de la escuela pública, gratuita, laica e inclusiva, conquista histórica del pueblo argentino.

Porque sin educación pública no hay futuro. Y sin derechos no hay libertad.